Por: ROMINA

Este proyecto ha desencadenado un rechazo contundente por parte de organizaciones como Somos Monte, comunidades indígenas, y expertos que demandan una verdadera participación ciudadana y efectiva protección ambiental.

Somos Monte ha expresado su oposición mediante un comunicado enérgico, resaltando su inquietud ante la posible aprobación rápida del proyecto de ley 1861/24. La organización denuncia que la propuesta promueve intereses de ciertos empresarios forestales mientras desoye las advertencias de expertos y comunidades, como se evidenció en una reunión celebrada en la legislatura el 4 de abril.

El bloque oficialista Cambiemos ha solicitado una sesión extraordinaria para avanzar con esta ley, lo cual Somos Monte critica por excluir una participación abierta, genuina y requerida por normativas nacionales e internacionales como el Acuerdo de Escazú. Argumentan que esta forma de proceder favorece al extractivismo y margina las voces locales.

Un punto clave de la protesta es la preocupación de que la ley podría legalizar la madera talada ilegalmente, lo cual consideran dañino para el ecosistema al premiar acciones ilícitas y fomentar una mayor destrucción forestal. Aunque el proyecto sugiere aumentar las multas, Somos Monte advierte que sin un control real, estas sanciones no serán disuasorias, y las empresas simplemente las verán como un costo más.

La corrupción y la falta de mecanismos transparentes también son motivo de crítica, con denuncias sobre el transporte ilícito de madera y el uso continuo de maquinaria decomisada. Somos Monte insta a actuar contra la corrupción arraigada que permite tales prácticas.

Por último, hay inquietud sobre la ausencia de planes claros para la restauración ecológica y el financiamiento necesario para ello. Existen preocupaciones sobre el uso de monocultivos de especies exóticas en vez de métodos que realmente restablezcan los ecosistemas afectados.