Por: Romina

Nuevos datos han salido a la luz respecto a uno de los cuatro piqueteros que están detenidos y bajo prisión preventiva en la U7, procesados por la jueza Zunilda Niremperger: Marcos Antonio Cáceres llevaba una vida de lujos digna de un millonario. Sin embargo, según la investigación del fiscal federal Patricio Sabadini, actualmente no tiene actividad económica registrada ante el ARCA (ex AFIP), a pesar de haber estado inscripto como monotributista de categoría D. Fue empleado municipal en Resistencia (con función en el cementerio San Francisco Solano) hasta mayo de 2024, cuando fue suspendido por inasistencias laborales.

Los ingresos que declaró no corresponden a sus movimientos bancarios: por ejemplo, reportó acreditaciones de más de $ 6,7 millones entre 2021 y 2023, mientras que sus consumos alcanzaron casi $ 6,4 millones en el mismo periodo. Emitió facturas principalmente a organismos públicos como SAMEEP y el Ministerio de Desarrollo Económico. Además, adquirió varios vehículos de alta gama, como una camioneta Dodge JOURNEY SE 2.4, una RAM 1500 5.7 V8, un automóvil Volkswagen modelo UP y una motocicleta BAJAJ ROWSER, NS200. También utilizaba otros vehículos que no estaban registrados a su nombre. Durante un allanamiento en su domicilio, se encontró una motocicleta con documentación de transferencia y $9.362.190 en efectivo.

EL ENTORNO FAMILIAR Y LOS SELLOS Se le investiga por la presunta "utilización de fondos públicos concedidos a la cooperativa para la construcción de salones, quinchos, piletas y una cancha de básquet en terrenos fiscales". Estas propiedades, de gran valor y características modernas, fueron construidas en tierras del Estado y destinadas a uso privado o alquiler. El valor de las obras supera significativamente los ingresos legítimos de Cáceres y su familia. En todos los casos, los inmuebles están construidos en terrenos fiscales sin cesión formal, y se detectaron usos irregulares de fondos estatales, con obras incompletas o discordantes con lo declarado, como el galpón de la Cooperativa Central Progreso, que fue financiado con $12 millones y solo presenta un 20% de avance real.

La investigación de la Fiscalía Federal señala que los fondos que supuestamente fueron blanqueados por los imputados provienen de maniobras fraudulentas contra el Estado provincial a través de contrataciones con la "Cooperativa de Trabajo Central de Progreso Ltda." y las fundaciones "Rosana Solidaria", "Peronismo Unido" y "Juan Domingo Perón". En estas organizaciones civiles, aparecen como autoridades en distintos cargos, Marcos Cáceres, su pareja Lourdes Ruiz Díaz y su hermana María del Carmen Cáceres.

En relación con el Estado provincial, se verificaron transferencias por $ 220.327.655 provenientes de dicho organismo (IAFEP), que habría sido el emisor del 93% de los fondos públicos recibidos por las entidades entre 2022 y 2023 (poco más de $ 204 millones). Este organismo fue intervenido mediante un Decreto el 18 de diciembre de 2023, debido a las graves irregularidades detectadas en su funcionamiento desde su creación.

Una de las inconsistencias observadas en las investigaciones es que todas las instituciones comparten el mismo domicilio fiscal declarado (Vedia 2010, en Resistencia), que coincide con el del principal imputado, Marcos Antonio Cáceres. Además, ninguna tenía empleados registrados ni bienes registrables, como maquinaria necesaria para realizar las obras adjudicadas. También se comprobó que hubo una extracción casi total de los fondos recibidos mediante transferencias bancarias.

Las irregularidades detalladas en el informe de la Fiscalía incluyen: simulación de obras mediante actas y fotografías falsificadas; proyectos no ejecutados o inconclusos (veredas, plazas, galpones, viviendas); obras con calidad inferior a la estipulada; beneficiarios reales distintos a los declarados; algunos adquirieron viviendas mediante pagos informales a referentes sociales; y compra sistemática de suministros a CASCIA S.R.L., eludiendo el proceso de licitación pública.

Con base en lo anterior, la Fiscalía concluyó que "los elementos probatorios superan el estándar requerido para considerar acreditada la existencia de fondos de origen presuntamente ilícito, producto de conductas delictivas sistemáticas y organizadas con intervención estatal directa, especialmente en el marco del IAFEP, cuya intervención fue ordenada por el Ejecutivo provincial". Como queda reflejado en la resolución de la jueza que confirmó el procesamiento con prisión preventiva de este dirigente piquetero, "se aprecia un incremento patrimonial sostenido que no guarda relación con los ingresos formalmente declarados por los integrantes del grupo familiar. Esta desproporción coincide temporalmente con un notable aumento de los ingresos percibidos por fundaciones y cooperativas vinculadas, especialmente en 2023, seguido de un abrupto descenso a ingresos nulos en 2024. Simultáneamente, algunos miembros del grupo decidieron vender vehículos durante 2024, lo que sugiere un intento por reducir el patrimonio visible".