Por: ROMINA

Aida Ayala, ex intendenta de Resistencia y miembro de la Unión Cívica Radical (UCR), enfrentará su segundo juicio oral por corrupción. Anteriormente, fue condenada a tres años de prisión por fraude a la administración pública debido a irregularidades en los contratos de basura en el municipio. Ahora está siendo juzgada por conductas ilegales durante su liderazgo en la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación bajo el gobierno de Mauricio Macri.

El Tribunal Oral Federal de Resistencia llevará a cabo el juicio con la acusación del fiscal federal Federico Carniel. Se espera la declaración de cerca de 30 testigos y el veredicto podría ser conocido a fin de mes.

Entre los testigos admitidos se encuentran el ex gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, quien recientemente perdió las elecciones legislativas en la provincia, y el actual gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Frigerio, que era ministro del Interior cuando ocurrieron los hechos y tenía bajo su responsabilidad la Secretaría donde estaba Ayala, puede optar por declarar por escrito debido a su cargo.

Ayala gobernó Resistencia durante tres mandatos consecutivos entre 2003 y 2015. En 2015 fue candidata de Cambiemos para la gobernación, pero perdió ante el peronista Domingo Peppo. Bajo el gobierno de Macri, pasó a ser secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior y fue electa diputada nacional en 2017.

Como secretaria, firmó en 2016 un convenio con Sergio Casalboni, intendente de Quitilipi, para adquirir máquinas y herramientas mediante un subsidio de 960.093 pesos. Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, ex funcionarios de Ayala, fueron clave para dirigir las compras hacia la empresa “Service Hogar” de Claudio Tolosa a precios inflados. Ayala validó la rendición final del acuerdo, según la acusación del fiscal Patricio Sabadini que llevó el caso al juicio oral. Cabe destacar que Balmaceda es yerno de Ayala.

Se plantearon circunstancias relevantes que sugieren que la ayuda económica brindada por la Secretaría podría ser parte de una maniobra fraudulenta, especialmente al evaluar estos elementos frente a un expediente administrativo con señales de alerta y una rendición de cuentas sin verificar adecuadamente la normativa local para contratar.

Aunque existió una orden de detención para Ayala, nunca se ejecutó debido a sus fueros como diputada nacional. La Justicia solicitó su desafuero, pero no obtuvo los votos necesarios de los legisladores de la UCR y el PRO para discutirlo, y en mayo de 2019, la Cámara Federal de Casación Penal anuló la orden de detención.